¿Qué tipo de sociedad diseñaríamos si no supiéramos si naceremos ricos o pobres, ciudadanos o inmigrantes, hombres o mujeres, sanos o enfermos, parte de una mayoría o de una minoría? Esa es la pregunta esencial que plantea el filósofo John Rawls en su célebre experimento mental del “velo de la ignorancia”, desarrollado en su obra Teoría de la Justicia (1971).
Rawls nos invita a imaginar que debemos establecer las reglas de convivencia sin conocer de antemano qué lugar ocuparemos en esa sociedad. Al no saber si estaremos arriba o abajo, dentro o fuera de la pirámide social, tenderemos —racionalmente— a crear instituciones justas, equitativas y dotadas de mecanismos de protección para todos, especialmente para quienes puedan quedar en desventaja. Porque, al final, podríamos ser uno de ellos.
Este ejercicio filosófico no es una abstracción académica: es una brújula ética para quienes tienen el poder de diseñar políticas públicas. Exige empatía estructural, la renuncia al privilegio como punto de partida, y el reconocimiento del otro como igual en dignidad, derechos y protección. Sin embargo, lo ocurrido el pasado 20 de mayo, durante una audiencia del Senado estadounidense, demuestra que hay quienes ni siquiera han rozado ese velo, mucho menos lo han cruzado.
Ese día, la secretaria de Seguridad Interior de la administración Trump, Kristi Noem, fue interpelada por la senadora Maggie Hassan sobre el significado del habeas corpus. Su respuesta fue no solo equivocada, sino radicalmente opuesta a su verdadero significado: afirmó que se trata de una facultad presidencial para “remover personas del país”. Hassan la corrigió de inmediato. El habeas corpus —del latín “que tengas” o “entregues el cuerpo”— es una garantía milenaria contra las detenciones arbitrarias.
Es el derecho de cualquier persona, sin importar su nacionalidad o estatus, a exigir que un juez revise la legalidad de su detención. Es, como bien dijo la senadora, lo que separa a una democracia de un estado policial. Y como ex preso político del régimen de Maduro, doy fe del precio humano que se paga cuando ese derecho es pisoteado.
El habeas corpus no es una fórmula retórica; es una conquista civilizatoria. Incorporado a la Constitución estadounidense como herencia del derecho común inglés, su historia se remonta a 1679, cuando el Parlamento británico obligó al rey a liberar a los detenidos sin causa legal. En Estados Unidos, su suspensión ha sido extremadamente rara, limitada a momentos excepcionales como la Guerra Civil, y siempre con autorización del Congreso.
Juristas y académicos han alzado la voz. Lee Kovarsky, profesor de derecho en la Universidad de Texas y experto en habeas corpus, advirtió que suspenderlo representaría un “desastre histórico nacional”. No exagera. Estados Unidos fue fundado sobre los principios de libertad y justicia; renunciar a ellos en nombre del miedo es traicionar su esencia.
Frente al autoritarismo —y también al populismo, sin importar su ideología—, el velo de la ignorancia de Rawls reaparece como un antídoto moral. Si quienes detentan el poder no están dispuestos a diseñar un sistema justo sin saber si lo vivirán desde el centro o desde la periferia, lo que construyen no es justicia: es privilegio encubierto en leyes.
Y cuando finalmente se levanta el velo, y descubrimos el lugar que nos ha tocado ocupar —como presos, migrantes, mujeres, disidentes o simples ciudadanos— puede ser ya demasiado tarde para reclamar lo que no se defendió cuando aún había tiempo. El habeas corpus no se discute: se honra, se protege y se enseña. Porque sin él, no hay libertad que valga ni justicia que resista.
Braulio Jatar, periodista y expreso político de Nicolás Maduro.
